La administración distrital de Bogotá al parecer no ha tenido en cuenta muchos de los aspectos jurídicos a los que estaría sometida con la forma de intervenir los ecosistemas de humedal reconocidos y sin reconocer, así como sus zonas verdes aledañas donde interactúan muchas de las especies.

En contravía de las normas que definen que en parques alternos o zonas de amortiguación hídrica de humedales solo puede haber obras para una recreación pasiva, esta administración está creando y en búsqueda de crear más espacios como canchas sintéticas, ciclo rutas, canchas de tenis, luminarias, puentes y senderos para bicicletas, mobiliarios y en general obras para endurecer zonas de humedal como ejemplo en el humedal juan amarillo y Jaboque implantando arbitrariamente recreación activa en contravía de normas establecidas en las que el desconocimiento de estas no exime a la administración de responsabilidades.

Presuntamente se han violentado derechos colectivos en detrimento de normativas existentes, en estos humedales se ha atropellado la fauna talando árboles nido de diversas especies por parte del jardín botánico y secretaría de ambiente, se han levantado y podado irresponsablemente zonas verdes sin tener en cuenta que son zonas protegidas, se está destruyendo el hábitat donde se encuentran anfibios, reptiles (culebra sabanera), insectos artrópodos, mamíferos, aves, hongos y en general todo lo concerniente y parte de los ecosistemas de humedal con un falso argumento de que los humedales solo son los espejos de agua, con el fin de dar condiciones urbanísticas a estos.

Estas áreas son de reserva incluso para filtración como amortiguadores ambientales en caso de inundaciones y no se han tenido en cuenta los conceptos profesionales de biólogos, ingenieros ambientales, periodistas y mucho menos los argumentos culturales ancestrales de muchos de los habitantes de los sectores de humedal.

No se está teniendo en cuenta el decreto ley  2245 de 2017 el cual pese a no referirse directamente a humedales, cita a la guía técnica de acotamiento de rondas hídricas la cual si los tiene en cuenta en su página 127 y reglamenta en su numeral 6.1.5 y 6.3, este decreto reglamenta el artículo 206 de la ley 1450 de 2011 en el que se estableció que “corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes”, estudios que el acueducto y alcantarillado de Bogotá a través de sus funcionarios manifiestan que no son necesarios poniendo en duda su ética y profesionalismo, inclusive la personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda tiene conocimiento del decreto 2245 por parte de varios derechos de petición que se le han radicado y por los cuales se han suspendido las obras en el parque la Riviera que queda al lado del humedal jaboque y donde el IDRD ha estado intentando construir una cancha sintética prácticamente al lado del humedal, lo cual nos da a pensar, según un informe hecho por la entidad que se titula “Humedales siguen en riesgo “, que se ha dedicado a informar pero no a tomar acciones directas en cuanto a la suspensión de las obras, teniendo el conocimiento jurídico necesario  del cual se le ha dotado inclusive por parte de las comunidades en búsqueda de protección de estos ecosistemas.

Muchas de las obras que realiza la administración Peñalosa dentro y por fuera  de los cuerpos de agua de los humedales son presuntamente ilegales en cuanto a la normativa nacional y distrital, han desaparecido riqueza arqueológica de incalculable valor ancestral y biológico, no están teniendo en cuenta el principio de prevención y de precaución descritos en la ley 99 de 1993 por lo cual no solamente le están haciendo daño a los pobladores aledaños y a los humedales sino a toda Bogotá ya que los humedales, áreas verdes de césped natural y arborizaciones están unidos como una estructura ecológica principal en la ciudad, teniendo en cuenta la política pública de humedales 624 de 2007, la cual el alcalde en compañía del secretario de ambiente Cruz buscaron modificar con el decreto 565 de 2017, decreto al cual el juzgado cuarto civil administrativo le suspendió los efectos provisionalmente sobre la política pública 624 en diciembre de 2018 y aun así continúan interviniendo los humedales bajo los mismos conceptos del decreto 565.

En cuanto a humedales no reconocidos como el llamado por la comunidad del Barrio Cortijo en Engativá como humedal “Cortijo Tibaguya “ entre otros, la CAR ha hecho caso omiso a peticiones de la comunidad de dejar el espacio como reserva natural, teniendo en cuenta que el distrito capital tiene unos humedales declarados en los términos del acuerdo 19 del año 2006 donde se declaran las áreas protegidas del distrito capital y la sentencia del rio Bogotá en una de sus órdenes obliga a las autoridades ambientales a hacer un inventario de los recursos naturales en los términos del decreto ley 2811 de 1974, en ese inventario deben quedar incluidos en el caso concreto de humedales, los humedales que no han sido declarados y que no tienen plan de manejo ambiental de acuerdo a la convención de ramsar y la ley 357 y sin embargo el director de la CAR Néstor Franco se empecina en convertir el área en un parque metropolitano.

Es de conocimiento que el humedal Tibanica ha estado seco y que todos los humedales están contaminados por conexiones erradas que vierten aguas residuales domésticas e industriales diariamente a estos ecosistemas.

Pese a que el acueducto y alcantarillado a taponado algunas conexiones erradas, no hay un proyecto realmente serio en cuanto a este problema que realmente es el problema más grave de los ecosistemas, mientras la entidad se gasta el presupuesto en proyectos que van en presuntamente en contravía de las disposiciones legales, secretaría de ambiente ha actuado de forma omisiva ante esta situación sin ni siquiera tomar acciones serias en contra de este problema según lo que nos manifiesta la personería en el comunicado “Humedales siguen en riesgo “, de lo contrario, el secretario de ambiente se ha estado comportando como un enemigo de los ecosistemas de humedal otorgando permisos de ocupación de rondas y proyectos invasivos basado en un decreto que no tiene efectos, siendo esta entidad la base de la presunta ilegalidad de los proyectos del IDRD y el acueducto y alcantarillado en los humedales capitalinos.

Inclusive hay otras presuntas violaciones de normas en las que está incurriendo la administración a cargo de Enrique Peñalosa Londoño, particularmente lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental de los humedales capitalinos y que es la norma distrital que define qué se puede y que no se puede hacer en los humedales y su zona de amortiguación hídrica.

Sin tener en cuenta que los humedales de Bogotá son patrimonio arqueológico, reservas naturales de fauna y flora para la humanidad se ha agredido y causando lesiones personales a los pobladores defensores de los ecosistemas pertenecientes a comunidades aledañas y toda la ciudad, estas agresiones han sido por manifestarse en defensa de las leyes ambientales en el caso puntual del parque 7 canchas que se encuentra al lado del humedal juan amarillo e inclusive el alcalde Enrique Peñalosa le ha mentido a la opinión pública a través de medios de comunicación masivos gastando recursos públicos en publicidad engañosa, haciendo ver a las comunidades como avivados negociantes de parqueaderos y no como personas que se están manifestando en contra presuntas ilegalidades de la administración Bogotana, obras del IDRD y el acueducto que no aun no se detienen.

Durante el encuentro ciudadano de protección animal que se llevó a cabo el 4 de octubre de 2018 en una de las instalaciones de la alcaldía mayor de Bogotá el IDPYBA y su representante Clara Lucía Sandoval, secretaria de ambiente, el secretario de gobierno de ese momento Miguel Uribe Turbay, fueron informados por parte de la comunidad de Engativá de las afectaciones de dichos proyectos en la fauna del humedal juan amarillo y jaboque en busca de proteger a los animales teniendo en cuenta la ley 1774 de protección animal y que estaba presente el representante a la cámara y ponente de la ley Juan Carlos Losada, intervenciones que nunca tuvieron respuesta por parte de las entidades.

Es de resaltar que los humedales, ríos, cuencas etc…, están protegidos por diversas normas nacionales tales como la ley 357 que acoge la convención de ramsar, la ley de recursos naturales  99 de 1993 que acoge el tratado de río, el decreto 1667 de 2002, el decreto ley 2245 que pese a no referirse a humedales directamente cita a la guía técnica de acotamiento de rondas hídricas de Colombia que muestra cual es el modo de tratamiento para estos ecosistemas, el plan de manejo ambiental de los humedales Bogotanos, el decreto 302 de 2006 entre muchas leyes, decretos y normas que presuntamente se estarían violentando por estos proyectos que se están desarrollando en los humedales capitalinos.

Se han expuesto estos problemas a las alcaldías locales por parte de las comunidades ya sea ante las JAL como la de Engativá, audiencias públicas de la contraloría y ante los alcaldes locales, pero tampoco ha habido respuesta, la única respuesta es el inicio de obras sobre los ecosistemas, el deterioro de estos y la agresión de la fuerza pública a las comunidades que se han manifestado en contra de las omisiones y presuntas ilegalidades en los proyectos y donde han salido lastimados incluso niños y adultos mayores por parte del ESMAD bajo las órdenes de la administración distrital de Enrique Peñalosa Londoño.